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 * __Introducción__**

**El marco legal de las telecomunicaciones vigente en el Perú proviene de las políticas implementadas a partir de 1991.** Este marco normativo está dado básicamente por el Decreto Legislativo N° 702, que luego de varias modificaciones se convirtió en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC del 6 de mayo de 1993. Es decir, las telecomunicaciones están normadas por la mencionada Ley y su respectivo Reglamento, el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. La legislación contiene tanto principios generales como detalles muy precisos acerca de la clasificación, pago de tasas y régimen de sanciones. Para abordar el estudio de este marco jurídico es útil conocer el contexto sobre el cual se asienta.

**Las políticas relacionadas a la regulación de las telecomunicaciones han experimentado profundos cambios, en especial, en la década de los ochenta del siglo pasado**. Estos cambios coincidieron con dos grandes avances de la industria: el incremento exponencial de la potencia de los ordenadores y la fibra óptica. El primero permitió manejar en tiempo real señales digitalizadas; el segundo incrementó enormemente la capacidad de transmisión. Con la digitalización y con todas las ventajas que ofrece, se dio un avance en las comunicaciones. Estas ventajas de deben básicamente a que las señales digitales son más “manejables” que las análogas, por ejemplo, pueden fragmentarse en grupos de números, enviarse por distintos caminos, simultáneos o no, y reconstituirse al final como la unidad que inicialmente eran. Por otro lado, con el desarrollo de la fibra óptica se añade una enorme capacidad de transmisión a las líneas de comunicación. Esta fibra permite que la luz vibre a una velocidad mucho mayor que las ondas electromagnéticas tradicionales, lo que, a su vez, permite transportar mayor capacidad de información por unidad de tiempo.

**Todo este desarrollo, ha transformado la estructura misma del Estado.** La quiebra del modelo que caracterizó al denominado “Estado Benefactor” está a la vista de todos. La sociedad no acepta ya, que el Estado intervenga activa y directamente en el campo económico-social asumiendo actividades que le corresponden realizar a los particulares. El pretexto de la soberanía, la defensa nacional, la justicia social o la independencia económica, no sirven más como títulos que legitiman la injerencia estatal en las actividades industriales o comerciales y aun en los servicios públicos que pueden ser prestados por particulares.

Por lo tanto**, las consecuencias generadas en las últimas décadas en la economía mundial han traído como consecuencia una modificación en el papel del Estado, el cual deja su papel de empresario y asume el rol de regulado**r, dejando esa labor en manos de los particulares. Dentro de las razones que han producido los cambios antes mencionados no podemos dejar de señalar al fenómeno de la globalización, que exige que los agentes del mercado se preparen cada vez más para un nuevo ambiente de competitividad mundial.

**La idea de servicio público,** inicialmente fue un concepto socio-político, que surge bajo una determinada concepción del dualismo Estado-Sociedad, propio de la Revolución Francesa, que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente, se acentúa con el progreso técnico, cuando surgen los grandes servicios públicos de carácter económico, tales como los ferrocarriles, la electricidad, el gas, el teléfono, etc. J.J. ROUSSEAU señala que “la expresión service public aparece como referida a todas aquellas materias que constituyen asuntos colectivos de los ciudadanos”.

Con el propósito de adentrarnos en el marco general de las telecomunicaciones y comprender los principios generales sobre los que se basa su regulación, es importante revisar algunos aspectos en la **doctrina sobre los servicios públicos, r**ubro en el cual se encuentran las telecomunicaciones. El servicio público es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. De esta definición se deduce que los elementos del servicio público son tres: a) prestación de la administración; b) en forma directa o indirecta; c) Satisfacción de una necesidad de interés general. La doctrina del servicio público suele admitir cuatro caracteres esenciales de los servicios públicos, los cuales son:

1. La continuidad. 2. La regularidad 3. La igualdad 4. La generalidad

La **continuidad** implica que la prestación no puede interrumpirse ni paralizarse porque se ha establecido en beneficio de la colectividad. La **regularidad** significa que deberá prestarse de acuerdo a la reglamentación vigente. La **igualdad** implica igualdad de condiciones, aunque ello no significa que se establezcan categorías de usuarios, siempre que se mantengan en igualdad todos los que están en la misma condición. Finalmente, la **generalidad** significa que debe prestarse para todos y no sólo para determinadas personas, por lo que no puede negarse las prestaciones para los que lo solicitan, siempre que reúnan las condiciones legales necesarias.

**Una forma en que el ente estatal permite la administración de los servicios públicos en forma indirecta es a través de la figura de la concesión.** Este acto en muchos casos se formaliza a través de un contrato suscrito por el Estado con un particular. En síntesis, podemos decir que la concesión es una forma de prestación indirecta de los servicios públicos, cuando las necesidades individuales de importancia colectiva no son cumplidas por el Estado mismo, sino por terceros a quienes el Estado delega. Todo ello no implica que el servicio deje de ser público, en consecuencia, cabe aplicar al servicio concedido el régimen del servicio público.

Para un estudio más detallado del marco jurídico de la telecomunicaciones en el Perú, sugerimos seguir esta guía.